LEY DE TIERRAS

Cuando se habla de Soberanía Nacional es inevitable pensar en la propiedad de las tierras y en lo que ocurre en nuestro país teniendo en cuenta su extensión y su escasa densidad demográfica…
Y también parece necesario
hacer una rápida revisión de la realidad,
para comprender qué es lo que pasa concretamente en este tema…

Existe en Argentina una única ley vigente que protege las áreas de frontera y zonas claves de la seguridad nacional  y que es la “Ley de Zonas de Seguridad” promulgada en el año 1944. Desde aquel entonces hasta ahora no han existido nuevas normativas que regulen y salvaguarden nuestros derechos sobre el territorio nacional. Y lo que es peor, tampoco se ha respetado esa única ley…

Según la Federación Agraria Argentina (FAA), existe en este momento alrededor de un 10% del territorio nacional en manos privadas extranjeras.  
Empresas y/o particulares han ido adquiriendo grandes cantidades de hectáreas, especialmente desde la década del 90, con amplias ventajas y condiciones favorables y que incluyen importantes recursos hídricos naturales.

FUENTE: Sec.de Seguridad Interior-Federación Agraria Argentina-Sec.de Minería-Sec. de Recursos Naturales 

La realidad de hoy nos muestra una  situación muy complicada, fundamentalmente en la zona patagónica y las áreas relacionadas con el Acuífero Guaraní, ya que allí se concentra  la mayor cantidad de millonarios extranjeros que han sido beneficiados con actitudes flexibles de distintos gobiernos ––tanto nacionales como provinciales–– para que adquieran millones de hectáreas y recursos naturales no renovables, sin restricciones y a precios módicos (según el diputado Pablo Orsolini de la UCR: “ los precios de la tierra en Argentina no superan los 20.000 dólares la hectárea en la mejor zona , mientras en la India, por ejemplo, el valor es de 200.000 euros la hectárea” ).

Esta situación, aún sucintamente esbozada, sería suficiente para entender que es imperiosa la necesidad de una reglamentación que no siga socavando nuestros derechos ciudadanos propietarios…

Y tal vez,  esta protección pueda llegar de la mano del proyecto, elevado el 27 de abril, sobre una  nueva LEY DE TIERRAS que limita la venta de las mismas a manos extranjeras.

Más allá de las connotaciones coyunturales que disparen opiniones encontradas, sería interesante analizar cuáles son los puntos principales de este nuevo proyecto.

En primer lugar, se puso un plazo de 180 días desde la sanción de la ley, para generar un catastro único que registre exactamente las hectáreas de tierra en manos extranjeras.

Para poder hacer un planteo serio de la situación y una composición responsable de los pasos a seguir, es fundamental conocer dónde estamos parados.  Desde qué lugar partimos. Ya que  el proyecto tiene en claro que los derechos adquiridos por los propietarios extranjeros deben ser respetados y que lo importante es determinar qué se hará de aquí en más.

Los aspectos más relevantes  que esperan ser debatidos y enriquecidos en el Congreso con el aporte de las distintas perspectivas de los que están directamente involucrados en la problemática, son: 

• Un  máximo del 20% de las tierras rurales del territorio Nacional en manos extranjeras; 
• Un tope de adquisición de 1000 hectáreas para el que podría haber excepciones (que resultaría preciso aclarar);  
• Una priorización de la inversión nacional por sobre la extranjera dado que la intención no es la del dominio estatal sino la del dominio nacional.

Desde el comienzo de su tratamiento en la Cámara Baja, y por tratarse de una iniciativa estratégica del Poder Ejecutivo, esta ley fue sometida a ciertas resistencias y cuestionamientos. Y más allá de que intentará conservar el espíritu con el que se diseñó (considerar a la tierra como un recurso natural no renovable), se han bosquejado algunos cambios a la propuesta original.

La inclusión de una protección más estricta de bosques, lagos, ríos y patrimonios culturales, la extensión hacia las provincias, municipios y departamentos del 20 % estipulado originalmente para las tierras rurales, y la limitación de compras por parte de los Estados extranjeros que actúen como personas jurídica explicitando que se evitarán restricciones a aquellos con una permanencia superior a los 10 años en nuestro país, son algunos de estos cambios.

Sabemos que el debate y la posible promulgación de una ley no aseguran nada. Y mucho más si se tiene en cuenta que, tanto la existente desde 1944 como algunas normativas del código civil argentino que establecen reglas claras para “los propietarios limítrofes con los ríos o canales que sirven a la comunicación por aguas”, no han sido cumplidas ni obligadas a cumplir…

Pero también sabemos que los caminos deben recorrerse, de una vez por todas, en forma conjunta. Una ley clara y consensuada a favor de nuestro interés común y nacional, y un contralor eficaz y responsable en defensa de estos derechos, son los desafíos…

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